Los DERECHOS HUMANOS, son el conjunto de prerrogativas (Privilegios, gracias o exenciones que se concede a alguien para que goce de ello, vinculado regularmente a la dignidad, empleo o cargo.) sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Este conjunto de prerrogativas se encuentra establecido dentro del orden jurídico nacional, en nuestra Constitución Política, tratados internacionales y las leyes.
También son “el reconocimiento de la dignidad inalienable de los seres humanos”. Libre de discriminación, desigualdad o distinciones de cualquier índole, la dignidad humana es universal, igual e inalienable.
Más allá del concepto mismo, los DERECHOS HUMANOS son expresados y definidos en textos legales, lo cuales buscan garantizar la dignidad de los seres humanos y hacerla realidad.
El respeto hacia estos derechos, de cada persona es un deber de todos. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los dichos derechos consignados en favor del individuo.
De igual manera, la aplicación de los DERECHOS HUMANOS a la que se encuentran obligadas todas las autoridades se rige por los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
Principio de Universalidad: Los DERECHOS HUMANOS corresponden a todas las personas por igual.
Principio de Interdependencia: Cada uno de los DERECHOS HUMANOS están ligados unos a otros, de tal manera que el reconocimiento de uno de ellos , así como su ejercicio, implica necesariamente que se respeten y protejan múltiples derechos que se encuentran vinculados.
Principio de Indivisibilidad: Consiste en que los DERECHOS HUMANOS poseen un carácter indivisible pues todos ellos son inherentes al ser humano y derivan de su dignidad.
Es decir que disfrute de los DERECHOS HUMANOS sólo es posible en conjunto y no de manera aislada ya que todos se encuentran estrechamente unidos.
Principio de Progresividad: Es obligación del Estado para asegurar el progreso en el desarrollo constructivo de los DERECHOS HUMANOS, al mismo tiempo, implica una prohibición para el Estado respecto a cualquier retroceso de los derechos.
El Estado debe proveer las condiciones más óptimas de disfrute de los derechos y no disminuir ese nivel logrado.
El poder público debe hacer todo lo necesario para que sean superadas la desigualdad, la pobreza y la discriminación.